Resumen: Se rechaza la apreciación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas. La jurisprudencia de esta Sala ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia. Pero no es el caso de autos, donde el examen de la tramitación del proceso no permite calificarla como sencilla y la duración computable a estos efectos dilatorios, no supera esa cifra de ocho años que sin fijación como doctrina jurisprudencial, empíricamente resulta de nuestras resoluciones para su estimación. Pues no en vano, la atenuante ordinaria requiere dilación extraordinaria, ("fuera de toda normalidad"); la eficacia extraordinaria de la atenuante solo podrá aparecer ante una dilación "archiextraordinaria", desmesurada, inexplicable. Resulta admisible la diferencia punitiva entre ambos condenados. La Audiencia expresa y motiva en la sentencia recurrida que la diferencia de pena entre uno y otro acusado debe se sostiene en el reconocimiento de los hechos realizado por el otro acusado. De otra parte, debe recordarse que el principio de igualdad no puede ser invocado fuera de la legalidad. No sería admisible convertir el uso del derecho a no confesarse culpable en una suerte de agravación. Pero la aceptación de los hechos sí se puede hacer valer como factor de atenuación. Revela datos favorables en la personalidad del autor.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para reclamar indemnización con base en el seguro de lucro cesante contratado con la aseguradora demandada. El tribunal de apelación desestimó el recurso y confirmó la sentencia recurrida. La situación de la paralización de la actividad se deriva de la declaración de estado de alarma por la COVID-19. El tribunal de apelación considera que la cobertura de seguro por lucro cesante se refiere únicamente a los riesgos cubiertos por la póliza por daños materiales (incendio, explosión, caída de rayo, gastos ocasionados por la acción del agua, fenómenos atmosféricos y riesgos complementarios, rotura de cristales, fenómenos eléctricos, daños eléctricos, avería en equipos electrónicos, robo y riesgos asociados). Afirma el tribunal que la pandemia COVID-19 no está vinculada a ninguno de los riesgos contratados y, por ello, la paralización derivada de la declaración de estado de alarma no es objeto de cobertura. AFirma el tribunal que la limitación de la cobertura a los riesgos cubiertos no es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, sino que es una cláusula de delimitación del riesgo, que está incorporada al contrato con la debida transparencia y conocimiento del contratante.
